Tres años después del asesinato de la pequeña Mari Luz, el caso llega a la Audiencia Provincial de Huelva donde, desde este miércoles, 16 de febrero, están declarando imputados y testigos que puedan arrojar algo de luz sobre lo sucedido.
El 13 de enero de 2008, Mari Luz Cortés, de cinco años de edad, desaparecía tras haber ido a comprar a un kiosco situado a 100 metros de su domicilio. La familia de la menor puso sus sospechas desde el primer momento sobre Santiago del Valle, un hombre que había cometido varios delitos sexuales y que, por una sucesión de errores judiciales, no se encontraba en prisión cumpliendo condena.
El 14 de enero, la policía se dispone a tomar declaración a Del Valle, su mujer (Isabel García) y su hermana (Rosa), quienes habían huido a Sevilla, supuestamente, por miedo a la familia Cortés. El 17 de enero son hallados y detenidos en Granada. Los hermanos Del Valle e Isabel García declaran que no tienen nada que ver con los hechos y son puestos en libertad por falta de pruebas.
Casi dos meses después, el 7 de marzo de 2008, las peores sospechas se hicieron ciertas: aparece el cadáver de Mari Luz flotando en un muelle de la ría de Huelva, el cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza.
A partir de ahí, la policía centra su atención nuevamente en la familia Del Valle y los encuentra en Pajaroncillo (Cuenca). En su declaración, Isabel García desmonta la coartada de su marido y éste se convierte en el presunto autor de los hechos.
La imputación del caso a Santiago supone un revuelo dados sus antecedentes por delitos de pederastia, uno de ellos cometido contra su propia hija, y por la indemnización que había cobrado después de que otra de sus hijas muriese atropellada.
El debate de la opinión pública se centró entonces en el Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla y, más concretamente, en la figura de su titular, el Juez Rafael Tirado, quien condenó a dos años y nueve meses de cárcel a Santiago del Valle por haber abusado sexualmente de su hija y a Javier González, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tardó tres años en dictar la sentencia.
Los poderes judicial y ejecutivo se sumían en la mayor crisis ocurrida entre ambos, el Ejecutivo Central aseguraba que llegaría hasta el fondo del caso para hallar al culpable del error, mientras el legislativo sostenía que por fin habían llegado a la opinión pública sus reivindicaciones, ya que, el exceso de carga laboral sumado a la falta de medios hacía muy difícil cumplir con su trabajo.
Mientras tanto, Juan José Cortés quien, al igual que gran parte de la ciudadanía, culpaba al Estado de ser “responsable indirecto” de la muerte de su hija, iniciaba un caravana por toda España recogiendo firmas en favor de endurecer las penas para los delitos de pederastia y que un caso como el ocurrido a Mari Luz no se volviera a repetir.
Tres años después, comienza el juicio por el caso Mari Luz. En su primera intervención, Santiago del Vale sostiene que no sabe lo que pudo pasar y que la declaración en la que asumía haber cometido el delito se produjo bajo presión policial. Rosa del Valle, por su parte, se ha acogido a su derecho a no hablar limitándose a confirmar su anterior declaración en la que sostenía haber llevado a su hermano a las afueras de Huelva en coche, portando un carro donde supuestamente se encontraba el cadáver de Mari Luz. Por otro lado, Isabel García afirma que su marido no se separó de ella en toda la tarde el día del crimen y que la culpable es su cuñada.
Hoy declararán 14 testigos más entre los que se encuentran siete policías que participaron en la investigación de los hechos.
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